La Nacionalización de la Banca

LA NACIONALIZACION DE LA BANCA PRIVADA

El primero de septiembre de 1982 quedará inscrito como
uno de los días más trascendentales en la historia de
México y Latinoamérica. Ese día, el Presidente de la República,
José López Portillo anunció la nacionalización
de la banca privada y la implantación del control general
de cambios.
Durante muchos años, la izquierda de nuestro país,
había levantado reiteradas veces estas dos demandas como
metas alcanzables sólo cuando el pueblo accediera
al poder, sin embargo, mientras la nacionalización se
consideraba como un objetivo lejano, el control de cambios
aparecía, en las últimas fechas, como una medida
realizable a corto plazo para poner un alto a los escandalosos
negocios que realizaban innumerables especuladores
con los vaivenes del dólar norteamericano. Pero
inclusive esta medida se consideraba, por la izquierda
o la derecha, horas antes del informe, como muy arriesgada
tanto en sentido económico como en sentido político.
El primero de septiembre no sólo fueron eliminadas
estas prevenciones sino sobrepasadas todas las espectativas.
El Presidente de México, a tres meses de terminar
su periodo, tomó la decisión histórica, ante la sorpresa
de todos y el estupor de los empresarios, de expropiar
(o nacionalizar, en el sentido de considerar algo como
propiedad de la nación) la banca privada e implantar
él control de cambios.
Las causas que hicieron posible esta medida son ya
de dominio público: la baja del mercado del petróleo,
la caída de los precios de las materias primas de exportación,
el aumento de los intereses de los préstamos internacionales,
la fuga de divisas, la corrupción desmedida
de los funcionarios públicos, la voracidad de los empresarios
que se aprovechaban de la inflación y una
política económica errónea, aplicada por el Gobierno y
que apostó todo a la carta del petróleo, esto es, a la creación
de las condiciones infraestructurales que hicieran
posible su explotación masiva.
La situación económica del país era ya crítica en los
últimos meses de 1982. El ciudadano común veía como
aumentaban los precios de los productos básicos a medida
en que el peso, después de tres devaluaciones en los
últimos siete años, se deslizaba a razón de cuatro centavos
por día. La deuda pública (estatal 8Q% y privada
2Q%) ascendía, según datos que proporcionaba el propio
Gobierno a 76 mil millones de dólares y los intereses
(a fines de junio de 1981) a 8,500 millones de dólares.
La economía del país tocaba fondo mientras la burguesía
financiera, comercial, industrial y la alta burocracia,
observaban desde la comodidad de sus fortunas.
Ante esta situación, el Gobierno tenía, por lo menos,
tres opciones: primera, la de lograr un nuevo empréstito
del Fondo Monetario Internacional aceptando su intervención
en nuestra política interna y externa; segunda,
la de solicitar el apoyo nacionalista de la banca privada.
Lo más seguro es que la banca privada le diera un "no"
al Presidente; y tercera, la más extrema y que fue la
que se adoptó.
El acto de la nacionalización fue dictado pues, por la
urgencia de la crisis económica en que se debatía el país
en los últimos meses y no por un intento de democratizar
la vida del país, sin embargo, su efecto es significativamente
social. Con su decisión, López Portillo no sólo
salvó a las finanzas públicas y a sí mismo. No sólo propinó
un rudo golpe a un sector de la clase dominante
sino que impidió el paso del autoritarismo, la represión
y el mayor empobrecimiento de las clases necesitadas.
Pero el Presidente hizo algo más, alteró la estructura política
y económica de México.
Las fuerzas progresistas de nuestro país deben valorar
adecuadamente este momento histórico apoyando la medida
y tratando de aprovechar para beneficio de las clases
oprimidas esta expresión de la crisis que hoy por hoy,
inesperadamente, se resuelve tendencialmente a favor de
los intereses de la nación.
septiembre de 1982.
G. V. L.